Quequén Grande, Lobería y las estancias que perdieron casi 200.000 animales
Una historia de caciques, lanzas, hacendados y una frontera convulsionada por la guerra.
Antes de que existieran Necochea y Quequén
Hoy recorremos los campos de Lobería, las márgenes del río Quequén Grande y los caminos que conducen hacia Tres Arroyos. Vemos establecimientos rurales, alambrados, caminos y pueblos que forman parte de nuestra vida cotidiana.
Pero si pudiéramos retroceder hasta febrero de 1853, encontraríamos un paisaje muy diferente. No existían Necochea ni Quequén como ciudades fundadas. Había extensas llanuras, aguadas, pastizales, caminos rurales y grandes establecimientos ganaderos.
Aquellas tierras formaban parte de un territorio recorrido y habitado por pueblos indígenas mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles. Allí se desarrollaban actividades ganaderas, intercambios comerciales y relaciones políticas entre caciques, pobladores rurales y autoridades.
Las relaciones podían ser pacíficas, pero también había enfrentamientos por el territorio, el ganado, las raciones y las decisiones de los gobiernos.
Como dice un viejo refrán campero: «Campo sin hacienda es como rancho sin fuego». Para los estancieros de aquella época, el ganado era mucho más que una riqueza: representaba el sustento, el trabajo y el porvenir de sus establecimientos.
Y en febrero de 1853, una gran incursión indígena puso en peligro esa riqueza en el sudeste bonaerense.
Diciembre de 1852: Buenos Aires se divide
Para entender lo ocurrido, debemos conocer primero la situación política.
Después de la caída de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, en febrero de 1852, la Argentina atravesó un período de profundas disputas políticas.
El 11 de septiembre de ese año, Buenos Aires se separó del proceso de organización nacional impulsado por Justo José de Urquiza. Las diferencias desembocaron en una rebelión encabezada por el general Hilario Lagos, quien en diciembre comenzó a sitiar la ciudad.
La guerra movilizó tropas, milicias y recursos de la campaña. Muchos hombres fueron convocados para combatir y numerosos establecimientos rurales quedaron con menos protección.
En medio de esa situación, las autoridades debían atender simultáneamente la guerra civil y la defensa de una frontera extensa.
Las relaciones con los caciques también se volvieron más inestables. Se alteraron las alianzas, hubo problemas en la entrega de raciones y se multiplicaron las negociaciones entre los distintos bandos.
En el campo, cuando falta gente para cuidar la hacienda y los hombres están destinados a la guerra, cualquier amenaza se vuelve más peligrosa.
Como dicen los paisanos: «A río revuelto, ganancia de pescadores». La crisis política creó una oportunidad para que diferentes grupos indígenas desarrollaran sus propias estrategias, mientras los gobiernos enfrentados se acusaban mutuamente de favorecer las incursiones.
Enero de 1853: caciques, alianzas y negociaciones
Entre los protagonistas de aquellos acontecimientos estaban los caciques Pichuiñ, Baigorria y Juan Calfucurá, además de grupos indígenas procedentes de Tapalqué.
Calfucurá era uno de los dirigentes indígenas más influyentes de la región pampeana. Había construido una amplia red de relaciones y tenía capacidad para reunir numerosos guerreros.
Los grupos indígenas no constituían un ejército uniforme. Cada parcialidad tenía sus propios dirigentes, intereses y alianzas, que podían modificarse de acuerdo con las circunstancias.
A comienzos de enero se había celebrado un parlamento en Leubucó, en el que participaron caciques ranqueles, entre ellos Baigorria y Pichuiñ. Sin embargo, los compromisos políticos no impidieron que semanas después se produjera una incursión de gran magnitud.
Las autoridades criollas se acusaban entre sí de haber alentado los ataques. Los caciques, por su parte, actuaban dentro de una situación compleja, aprovechando las divisiones políticas y defendiendo sus propios objetivos.
La historiadora María Fernanda Barcos estudió este episodio a partir de correspondencia militar, informes de funcionarios y documentos conservados en archivos históricos.
Su investigación demuestra que no alcanza con explicar el malón como un simple robo de ganado: también hay que comprender la guerra civil, las alianzas políticas y las tensiones que atravesaban la frontera.
12 de febrero de 1853: comienza la incursión
La gran incursión sobre el sur de la provincia se desencadenó a partir del 12 de febrero de 1853.
Según la reconstrucción de Barcos, participaron alrededor de 4.700 lanceros, una cifra estimada por la historiografía y no un recuento exacto de combatientes.
Pichuiñ y Baigorria aparecen vinculados con la organización de la incursión, mientras que Calfucurá se sumó durante la marcha.
El objetivo mencionado en la investigación era avanzar sobre Tapalqué, pero el movimiento terminó afectando una extensa región de la campaña bonaerense, con consecuencias particularmente graves para las estancias de Lobería y Tres Arroyos.
Los grupos se desplazaban a caballo, conocían los caminos y las aguadas y podían recorrer grandes distancias.
Las estancias, por su parte, tenían que proteger sus rodeos, sus caballadas, sus viviendas y a las personas que trabajaban en ellas.
En aquella época, los caballos eran fundamentales para el transporte, el trabajo rural y la guerra. Los vacunos constituían una de las principales riquezas de la economía bonaerense.
Por eso, perder miles de animales no era un inconveniente pasajero. Podía representar la ruina de una explotación.
Cristiano Muerto, Tres Arroyos y el camino hacia el sur
Las comunicaciones militares citadas por Barcos permiten reconstruir parte del recorrido de los grupos indígenas.
La documentación menciona el arroyo Cristiano Muerto y Tres Arroyos. En esta última zona fue saqueada la estancia denominada La Rosa del Sud.
También se menciona el Paso del Médano, donde testigos afirmaron haber visto alrededor de 800 indígenas, en su mayoría procedentes de Tapalqué.
El 28 de febrero, grupos de la incursión se encontraban por el arroyo Napostá, en la zona de Bahía Blanca, y por el Sauce Grande, en las proximidades de Monte Hermoso.
En este último sector, unos 50 o 60 indígenas se llevaron aproximadamente 200 yeguadas de los establecimientos de Marcos Toledo. Allí también fue asesinado un peón.
Después se dirigieron al puesto de Benítez, donde quemaron ranchos y se llevaron caballos y yeguas. Más tarde pasaron por el establecimiento de Manuel Bentos, de donde arrebataron cuatro tropillas de caballos.
Finalmente, desde Tres Arroyos, los grupos se trasladaron hacia las tolderías de Carhué.
Este recorrido documentado nos permite comprender la dimensión territorial de la incursión. No fue un hecho circunscripto a un único establecimiento, sino una sucesión de acciones que afectaron distintas explotaciones rurales.
Quequén Grande: el documento que conserva los nombres
Aquí aparece el dato que más nos interesa para la historia regional.
La investigación reproduce una relación titulada:
«Relación de los daños causados por los indios de Quequén Grande afuera; según los partes recibidos por el Sargento Mayor don Manuel García y el Juez de Paz don Benigno Acosta. Firma: José Aguilar».
El documento reúne las denuncias de propietarios y damnificados que declararon pérdidas de vacunos, yeguarizos y lanares.
El registro es importante porque no habla solamente de un malón en términos generales. Permite conocer los nombres consignados y las cantidades de animales declaradas por cada damnificado.
La tabla siguiente reproduce los datos publicados por Barcos. Los guiones indican que el documento registra cero en esa categoría.
La nómina de estancieros y damnificados
| Estanciero o damnificado | Vacunos | Yeguarizos | Lanares |
|---|---|---|---|
| Medialuna de | 3.300 | 1.000 | 2.000 |
| Fernando Pando | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Savino | 1.500 | 800 | 0 |
| Juana Caseres | 3.000 | 0 | 0 |
| Asencio Orellanos | 2.000 | 0 | 0 |
| Caseres | 8.000 | 0 | 0 |
| Francisco Paz | 1.000 | 0 | 0 |
| Los pobres | 10.000 | 0 | 0 |
| Alfonso | 5.000 | 0 | 0 |
| Francisco Bosch | 20.000 | 5.000 | 0 |
| Guerrico | 15.000 | 0 | 0 |
| Irola | 15.000 | 0 | 0 |
| José María Martínez | 1.000 | 0 | 0 |
| Feliciano Hernández | 1.500 | 2.000 | 0 |
| Nicolás Ávalos | 1.400 | 0 | 0 |
| Pacheco | 3.500 | 700 | 0 |
| Alberto Márquez | 3.000 | 50 | 0 |
| Mariano Villalba | 3.000 | 2.000 | 0 |
| Sesano Cristiano | 10.000 | 2.000 | 0 |
| Eusebio Funes | 400 | 200 | 0 |
| Pedro Vega | 1.180 | 500 | 0 |
| Cornelio Giménez | 30 | 40 | 0 |
| Mendiburo y compañía | 12.500 | 2.500 | 0 |
| Vicente Igarzábal | 3.600 | 1.500 | 0 |
| Elías Galván y la viuda Marta | 3.550 | 400 | 0 |
| Mauricio Solera y Manuel Martínez | 1.750 | 1.130 | 0 |
| Ignacio Salguero y Cosme Puchol | 4.300 | 1.600 | 0 |
| Coria y Arana | 5.200 | 1.150 | 0 |
| Antonio Córdoba | 2.350 | 1.000 | 0 |
| Juan Zárate y Figueroa | 2.850 | 2.020 | 0 |
| Luciano Medina y Pancho Paz | 4.200 | 1.250 | 200 |
| La viuda Juana | 4.350 | 1.700 | 0 |
| Orellano, Caseres y el Vasco | 2.600 | 2.900 | 0 |
| Barraza | 2.200 | 0 | 0 |
| Justo Alfonso y Anastasio Giles | 2.760 | 1.310 | 0 |
| Varios individuos sin nombre conocido | 900 | 1.000 | 0 |
| Total denunciado | 161.920 | 33.750 | 2.200 |
Fuente: María Fernanda Barcos, «Tratos, batallas y malones», cuadro 2, basado en documentación del Archivo General de la Nación. Se conservan las denominaciones de la fuente; algunos nombres aparecen incompletos.
Francisco Bosch, Guerrico, Irola y los demás
Las cifras permiten apreciar la magnitud de las pérdidas denunciadas.
Francisco Bosch declaró la pérdida de 20.000 vacunos y 5.000 yeguarizos. En el caso de Guerrico e Irola, el registro consigna 15.000 vacunos para cada uno.
Mendiburo y compañía denunciaron 12.500 vacunos y 2.500 yeguarizos. Sesano Cristiano, por su parte, figura con 10.000 vacunos y 2.000 yeguarizos.
Pero la lista no incluye solamente a los grandes propietarios. También aparecen Juana Caseres, Francisco Paz, Eusebio Funes, Pedro Vega y otras personas cuyas explotaciones tenían dimensiones diferentes.
Hay dos anotaciones que merecen especial atención: «Los pobres», con 10.000 vacunos, y «varios individuos de los que no se les sabe el nombre», con 900 vacunos y 1.000 yeguarizos.
No podemos determinar con estos datos quiénes eran todas esas personas ni cómo se distribuían las pérdidas dentro de cada grupo. Sin embargo, su presencia recuerda que el impacto de una incursión no se limitaba a los nombres más conocidos de la campaña.
Como dice el refrán: «El que tiene hacienda tiene querencia». Y cuando se pierde el ganado, no solamente se pierde dinero: también se pone en peligro el trabajo de toda una familia.
Casi doscientas mil cabezas denunciadas
Al sumar las categorías del documento, se obtiene un total de 197.870 animales:
161.920 vacunos.
33.750 yeguarizos.
2.200 lanares.
Estas cifras corresponden a las pérdidas denunciadas en el conjunto de la relación. No deben atribuirse exclusivamente al partido actual de Lobería ni a un punto específico del río Quequén Grande.
Tampoco debemos confundir las cantidades declaradas con un inventario comprobado animal por animal. Como advierte la investigación histórica, no es posible asegurar que todos los reclamos reflejaran con exactitud cada pérdida, ni que se hubieran denunciado todos los daños sufridos.
Aun con esa precaución, la documentación permite reconocer la enorme repercusión económica de la incursión.
La misma tabla incluye una columna denominada «negocio $», en la que aparecen, entre otros importes, 80.000 para Medialuna, 8.000 para Fernando Pando, 50.000 para Manuel Savino y 100.000 para Mendiburo y compañía. El total de esa columna es 238.000.
Es importante no confundir esos importes con la valoración económica general de los daños. Barcos calcula por separado una pérdida estimada de 350.996 pesos fuertes, considerando el ganado y otros perjuicios denunciados.
En otras palabras, los documentos permiten aproximarnos a la magnitud de la pérdida, aunque no debemos tratar cada cifra como si fuera una auditoría moderna.
No solamente se perdió ganado
La incursión también dejó víctimas humanas.
La investigación registra denuncias de diez muertos y catorce personas cautivas, además de la quema de ranchos y viviendas.
Detrás de esos números hubo familias afectadas, pobladores que perdieron sus pertenencias y trabajadores rurales expuestos a una situación de extrema violencia.
En la estancia de Marcos Toledo, por ejemplo, la documentación señala el asesinato de un peón, además del arrebato de caballadas.
Por eso, la historia no puede reducirse a una lista de animales perdidos. La dimensión económica fue enorme, pero también hubo sufrimiento humano y destrucción de hogares.
Como dicen los paisanos: «Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas». El refrán pertenece a otra tradición de la cultura popular, pero sirve para recordar que detrás de las cifras económicas también están quienes soportaron las consecuencias de los conflictos.
¿Quién ordenó el malón?
Esta es una de las preguntas más difíciles.
En medio de la guerra civil, circularon acusaciones que atribuían la responsabilidad a distintos dirigentes políticos y militares. Se mencionó a Urquiza, a Hilario Lagos y a otros actores vinculados con los bandos enfrentados.
Los testimonios no son uniformes. Algunos responsabilizaban a determinados caciques; otros sostenían que ciertos grupos habían sido alentados por dirigentes criollos.
La propia investigación de Barcos advierte que no se conoce con certeza cómo se organizaron todas las decisiones que condujeron a la incursión.
Por eso, no corresponde afirmar como un hecho probado que un único gobernante haya ordenado el ataque.
Lo que sí está documentado es que la guerra civil debilitó la defensa de la frontera, alteró las relaciones políticas y permitió que distintas parcialidades actuaran con mayor autonomía.
Los grupos indígenas tenían sus propios intereses, sus redes de comunicación y sus estrategias. Algunos participaron en alianzas con fuerzas criollas, mientras otros actuaron en contra de las poblaciones rurales.
Reconocer esa complejidad no significa justificar los asesinatos, los cautiverios ni el robo de ganado. Significa reconstruir los acontecimientos sin sustituir la documentación por conjeturas.
Marzo de 1853: después de la incursión
Durante marzo continuaron las comunicaciones entre jefes militares, autoridades y emisarios.
El sargento Olivencia, enviado a negociar con Calfucurá, no pudo encontrar al cacique a su llegada porque este se había trasladado hacia Quequén Grande junto con Pichuiñ.
Cuando Calfucurá regresó a sus tolderías en marzo, se desarrollaron nuevas conversaciones sobre las responsabilidades por la incursión y la posibilidad de restablecer relaciones.
Los dirigentes indígenas ofrecieron distintas explicaciones sobre lo ocurrido, mientras las autoridades criollas intentaban negociar y recuperar la hacienda.
La frontera no recuperó la tranquilidad de inmediato. La guerra civil continuaba y las relaciones entre los distintos grupos permanecían marcadas por la desconfianza.
El malón de febrero de 1853 quedó registrado como uno de los episodios más importantes de aquella etapa, tanto por su extensión como por sus consecuencias económicas y humanas.
¿Qué tiene que ver todo esto con Necochea y Quequén?
Mucho, porque nos permite conocer una parte de la historia de nuestro territorio anterior a la fundación de las ciudades actuales.
El río Quequén Grande ya aparece mencionado en la documentación histórica vinculada con las estancias y las pérdidas de ganado.
Sin embargo, es importante precisar que el título del registro no demuestra por sí solo que los grupos hayan atravesado exactamente el lugar donde hoy se encuentra el centro de Necochea o de Quequén.
Para determinar los recorridos con mayor precisión habría que comparar los nombres de los establecimientos con mensuras antiguas, planos rurales, registros de propiedad y partes militares.
Ese trabajo podría permitirnos localizar las estancias mencionadas, reconstruir los caminos de la época y distinguir los lugares efectivamente documentados de aquellos cuya ubicación todavía es incierta.
Es una tarea que merece la pena. La historia de nuestras ciudades no comienza el día en que se fundaron: también está formada por los acontecimientos, los habitantes y los conflictos que transformaron el territorio mucho antes de su nacimiento.
Una reflexión para cerrar
El malón de 1853 nos dejó nombres, cifras y testimonios que permiten reconstruir un episodio doloroso de la historia bonaerense.
La documentación muestra las pérdidas sufridas por los propietarios rurales, la destrucción de viviendas y las muertes y cautiverios denunciados. La investigación histórica también permite comprender el contexto de guerra civil, las negociaciones y las alianzas indígenas que influyeron en los acontecimientos.
No se trata de elegir entre una historia que condene a unos y absuelva a otros. Se trata de comprender lo ocurrido, reconocer a sus víctimas y distinguir los hechos comprobados de las interpretaciones.
Porque los archivos no son simples papeles viejos. Son huellas de vidas que existieron, de riquezas que se perdieron y de conflictos cuyas consecuencias marcaron el destino de la región.
Como dice el refrán campero: «La hacienda se cuenta, pero las penas no se miden».
Y si hoy podemos reconstruir esta historia, es porque alguien dejó constancia de los nombres, las cantidades y los daños. Nuestro deber es recuperar esos testimonios y transmitirlos a las nuevas generaciones.
Sexteto final
Por Quequén cabalgó la historia,
entre haciendas, temores y dolor;
los archivos guardaron su memoria,
con los nombres de cada poblador.
Hoy rescatamos aquella historia,
Fuente histórica: María Fernanda Barcos, «Tratos, batallas y malones. El accionar indígena en la frontera sur durante el sitio a la ciudad de Buenos Aires», revista Corpus, 2017. La relación de pérdidas citada en el artículo proviene de documentación histórica del Archivo General de la Nación.
